BUENOS AIRES.- La decisión del papa Francisco de desclasificar los archivos del Vaticano sobre la última dictadura cívico-militar en la Argentina puso en evidencia la intención del pontífice de querer contribuir a sanar heridas, pero sin olvidar un pasado oscuro y doloroso.
El anuncio generó expectativas medidas en organismos de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos que siguen reclamando justicia y buscando la verdad completa de lo sucedido en los años de plomo.
“Necesitamos saber la verdad, toda la verdad”, reclamó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, durante el acto por los 40 años del golpe que provocó la ruptura el orden constitucional y devino en el terrorismo de Estado que perpetró crímenes como la tortura, el asesinato, la desaparición sistemática de personas y el secuestro de bebés.
El gesto del Papa de catalogar los documentos con la intención de abrir en los próximos meses los archivos vaticanos relativos a la dictadura argentina, no hace más que cumplir la promesa que el pontífice le hizo a Carlotto en el encuentro que mantuvieron el 24 de abril de 2013. La referente de Abuelas le pidió entonces al Papa que abra los archivos y el pontífice le respondió: “Cuenten conmigo”.
Empero este no es el primer gesto de Jorge Bergoglio, acusado en el inicio de su pontificado por el kirchnerismo y organismos de Derechos Humanos de haber colaborado con la dictadura, para intentar reconstruir los lazos sociales que considera aun resquebrajados en el país.
El Papa fue clave en el juicio de 2014 que condenó en La Rioja a los represores Luciano Menéndez y Luis Estrellas por el asesinato premeditado del obispo Enrique Angelelli, al remitir documentación del Vaticano que el tribunal penal riojano consideró como pruebas para dar sentencia.
Uno de los escritos fue una carta de puño y letra de Angelelli dirigía al entonces nuncio apostólico Pío Laghi, en la que el obispo advertía que era amenazado de muerte por su prédica pastoral, y cuya existencia por años se negó. El otro es una crónica de hechos relacionados con el crimen de los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, perpetrado el 18 de julio de 1976 en la localidad riojana de El Chamical.
Muy pocos conocen tampoco que Bergoglio impulsó en 2011 la causa de canonización de los Mártires del Chamical. El entonces primado argentino firmó el inicio del proceso canónico y pidió discreción, para que el expediente no fuera bloqueado por otros obispos. De ese modo, Bergoglio evitó que le pasara algo similar a lo que le ocurrió a monseñor Jorge Novak en 1977, cuando propuso a la asamblea plenaria del Episcopado constituir una Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos siguiendo el ejemplo de la Vicaría de la Solidaridad de Chile.